La Guardia Civil disuelve una “rave” ilegal en Badarán (La Rioja)

La Guardia Civil disuelve una “rave” ilegal en Badarán (La Rioja)

07/10/2020

El balance del operativo se ha saldado con 20 personas identificadas y sancionadas por infracciones a la Ley de Sanidad. Los asistentes no guardaban la distancia social, no portaban mascarillas y compartían todo tipo de bebidas. Los agentes intervinieron parte del material utilizado en la fiesta (dos altavoces de grandes dimensiones y un generador de 3800w).


Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Servicio de Seguridad Ciudadana y al Equipo de Inspecciones, desalojaron durante la madrugada del pasado sábado, a una veintena de jóvenes que de manera ilegal, incívica, negligente e irresponsable, participaban en una “rave” sin respetar las medidas de seguridad por la Covid-19. Durante esta actuación se procedió a la incautación de una parte del material que se estaba utilizando en la “rave” (dos altavoces de grandes dimensiones y un generador de 3800w.)

El desalojo de los 20 participantes se llevó a cabo de manera "progresiva y sin incidentes". Estas personas no hacían uso de la mascarilla, no guardaban la distancia social y compartían todo tipo de bebidas.

La actuación se inició durante la tarde/noche del día 3 de octubre, al tener conocimiento los agentes de que de la "rave", difundida a través de “WhatsApp”, se llevaría a cabo en uno de los parajes pertenecientes al término municipal de Badarán.

Tras varias horas de búsqueda, los agentes dieron con el lugar, procediendo a la identificación y desalojo de los veinte participantes, hombres y mujeres de entre 20 y 25 años, de nacionalidad española y residentes en diferentes localidades riojanas, siendo informados de que serían propuestos para sanción tras haber incumplido la mayoría de las medidas sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19.

Contra el responsable y organizador de la “rave” también se ha tramitado la correspondiente acta/denuncia, por infracción grave a la Ley General de Salud Pública, que prevé penas de multa de entre 3.001 y 60.000 euros.