La subdelegada del Gobierno destaca que los ayuntamientos de la provincia coruñesa recibirán este año 265.000 euros para la lucha contra la violencia de género

Imagen de la rueda de prensa

06/09/2018


Los concellos adscritos al sistema Viogen podrán disponer de más fondos estatales

La incorporación de las policías municipales y la puesta en marcha de las mesas locales de coordinación institucional son las líneas principales de trabajo por parte de la Delegación del Gobierno en Galicia

La subdelegada del Gobierno remitirá cartas a todas las alcaldesas y alcaldes de la provincia para informar sobre las medidas aprobadas por el Ejecutivo


La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, ha destacado la importancia de que los ayuntamientos hayan recuperado las competencias en materia de igualdad y de violencia de género tras la reforma de la legislación aprobada el pasado mes de agosto por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pilar López-Rioboo ha recordado que para el Gobierno de España y para la Delegación del Gobierno en Galicia en particular, la lucha contra la violencia de género es una prioridad absoluta, como demuestra el hecho de que una de las primeras medidas aplicadas ha consistido en la modificación de la legislación para devolver competencias a los ayuntamientos en esta materia, en la que la proximidad con las víctimas es fundamental.

En este sentido, el nuevo real decreto estipula una serie de ayudas para que los municipios puedan gestionar  sus políticas en violencia de género, por lo que no constituye una simple declaración de intenciones sino que se trata de una clara demostración de la realidad del compromiso del Gobierno con esta materia. Para ello, el Ejecutivo ha devuelto competencias de los ayuntamientos y los ha dotado de recursos económicos para que puedan desarrollar sus políticas.

La subdelegada del Gobierno anunció que para este año 2018 los 93 ayuntamientos de la provincia de A Coruña recibirán más de 265.000 euros, cifra que se incrementará notablemente el próximo año. Este reparto se hace en base a una cantidad fija de 689 euros por municipio y otra cantidad variable, resultado de multiplicar la cantidad de 0,18 euros por habitante. Esta cantidad rondará los 530.000 euros para el próximo año.

Sistema Viogen

Pero además la nueva normativa establece que aquellos municipios que estén incorporados al Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género (Viogen) recibirán más aportación, al reservarse una parte del fondo estatal a este fin. Esta aportación adicional para los municipios que participen en el Viogen será distribuida proporcionalmente entre ellos.

Este sistema fue puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior en 2007 siendo sus objetivos aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género, integrar toda la información de interés que se estime necesaria,  hacer predicción de posibles riesgos, atendiendo al nivel de riesgo, realizar seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional,  efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través del "Subsistema de Notificaciones Automatizadas", cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de las víctimas.

En la provincia coruñesa son solo tres los ayuntamientos integrados plenamente en Viogen (Arteixo, Cambre y Oleiros), si bien hay otros cinco (Carballo, Cerceda, Ferrol, As Pontes y Vimianzo) que han finalizado su proceso de adscrición pero todavía están pendientes de su plena incorporación. Asimismo, desde la Subdelegación del Gobierno se han establecido los primeros contactos con los gobiernos municipales de A Coruña y Santiago para su incorporación a este sistema que permite compartir datos a las diferentes policías y fuerzas de seguridad y de protección.

Estos ayuntamientos podrán contar con más recursos en la distribución nacional de las ayudas, por lo que su incorporación a este sistema alcanza una mayor transcendencia si cabe.

Dentro de las diferentes actuaciones previstas para la lucha contra la violencia de género, en el caso concreto de Galicia se han establecido dos líneas fundamentales de trabajo a desarrollar desde las subdelegaciones del Gobierno, como son la constitución o reactivación de las mesas locales de coordinación institucional y la posible participación de las policías locales, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la protección de las víctimas.

Mesas locales de coordinación

La incorporación de las policías locales se plantea fundamentalmente a través del sistema Viogen, mientras que la puesta en marcha de las Mesas Locales de Coordinación Interinstitucional, prevista en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, constituye un instrumento operativo en el que están representados todos los ámbitos implicados en cada municipio en la lucha contra la violencia de género y tiene como objetivo optimizar todas las posibles actuaciones que se precisen desarrollar.

Normalmente forman parte de las mesas, además de la representación estatal de la Subdelegación del Gobierno y la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Galicia, representantes del Ayuntamiento, Centro de Atención a la Mujer, Policía Local, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, centros educativos, servicios sanitarios y servicios sociales, entre otros.

Entre sus funciones figuran el establecimiento de criterios comunes para la detección y atención en casos de riesgo, el impulso de la puesta en marcha de estrategias de sensibilización dirigidas a toda la población y/o colectivos específicos, dar a conocer las líneas concretas de actuación de cada ámbito o servicio representado, y analizar las posibles situaciones de descoordinación y plantear las correspondientes propuestas de mejora si caben.

Estas mesas comenzaron a constituirse en 2010 aunque en la actualidad están creadas en 18 de los 93 municipios coruñeses, si bien solo en 14 están activas: Arteixo, Cambre, Curtis, Coirós, Laracha, Lousame, Melide, Mugardos, Negreira, Oleiros, Ortigueira, Padrón, San Sadurniño y Santiago. En otros cuatro concellos, As Pontes, Camariñas, Muxía y A Coruña, estas mesas están constituidas pero en la práctica no se encuentran activas.

Ante esta situación, por parte de la Subdelegación del Gobierno se remitirán cartas a todas las alcaldesas y alcaldes de la provincia para informarles sobre las medidas que se están implantando y la dotación económica prevista desde el Gobierno, con el objeto de reactivar la participación de los ayuntamientos en las medidas establecidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Otras medidas del real decreto

Esta lacra se encuentra además muy arraigada en la zona rural a nivel de todo el Estado ya que las poblaciones españolas con menos de 10.000 habitantes son las que registran proporcionalmente un número más alto de feminicidios al contabilizarse en ellos el 30 por ciento de estos crímenes. Esta circunstancia pone de manifiesto la necesidad de extender todos los recursos de prevención, de detección y asistenciales, objetivo en el que se encuentra inmerso el actual Gobierno.

El real decreto de medidas urgentes aprobado en agosto trata de reforzar la respuesta y el apoyo desde los ayuntamientos, al ser las instituciones más cercanas a las víctimas y teniendo en cuenta además aspectos tan importantes como el hecho de que en el 77% de los casos de malos tratos no constaban denuncias anteriores relativas al clima de violencia en la que vivía la pareja.

En este sentido, además de destinar este año 20 millones para los ayuntamientos, que serán 40 en el 2019, el real decreto incide en la protección de los menores, refuerza la tutela judicial para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, posibilita que las ayudas recibidas sean compatibles con otras de carácter autonómico o local y amplía los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género, de tal manera que el reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida.