La Guardia Civil toma declaración como investigada a una persona que se apropió de más de 80.000 euros
09/03/2017
La Guardia Civil de Tarragona, ha tomado declaración en calidad de investigada a una persona como presunta autora de un delito de apropiación indebida y estafa continuada, siendo sus víctimas una pareja de ancianos a los que les provocó una pérdida patrimonial de más de 80.000 euros.
La investigación se inició en septiembre de 2016, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de la fiscalía provincial de Tarragona, de que un matrimonio de avanzada edad residente en la ciudad de Tarragona, había sido objeto de la pérdida patrimonial de más de 80.000€, así como la desaparición de joyas de gran valor, supuestamente cometidos por un familiar que tenía a cargo su tutela.
Tras las primeras investigaciones, se pudo averiguar que la pareja de ancianos no tenía hijos ni descendientes directos, encargándose de su tutela una sobrina nieta del matrimonio. Este familiar tutelar había reducido al máximo el circulo de amistades de los octogenarios, contratando para el cuidado de los mismos una persona de servicio domestico.
Durante el tiempo que tuvo a cargo la tutela de los ancianos, mediante engaño realizó diferentes movimientos bancarios en las cuentas corrientes de los tutelados, incluso hubo quejas relacionadas con las condiciones higiénico sanitarias de los mismos.
Ante tales hechos, la Guardia Civil activó un protocolo de seguimiento para verificar los hechos, constatando que a pesar de que deberían de gozar de buena posición económica, estos malvivían llegando a estar a las puertas de la indigencia.
Tras una investigación más exhaustiva, se puso de manifiesto que desde hacía un tiempo y como el matrimonio no tenía descendientes directos, habían otorgado la tutela a una sobrina nieta, esta tenía facultades ilimitadas para actuar sobre los bienes sin necesidad de dar explicaciones, lo que había llevado a sacar grandes cantidades de dinero de las cuentas corrientes, apropiarse de joyas de los ancianos o mantenerlos en malas condiciones sanitarias.
Hasta el momento y a falta de otras actuaciones, se estima que esta práctica abusiva habría causado un perjuicio económico de más de 100.000 euros.