Javier de Andrés analiza en rueda de prensa los efectos del Acuerdo de Interpretación de la Ley Municipal vasca
30/01/2017
- El Delegado del Gobierno en el País Vasco ha avisado hoy a los ayuntamientos de que las consultas populares que organicen sobre materias locales y que afecten a la totalidad de los electores de esos municipios deben ser autorizadas por el Gobierno para poder convocarse
El Delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés ha comparecido en una rueda de prensa para aclarar los términos del acuerdo al que el Gobierno central y el Ejecutivo vasco llegaron este mes sobre la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, conocida como la Ley Municipal, que evitó la interposición por parte del Estado de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En uno de los puntos del acuerdo de la comisión bilateral entre ambas administraciones se regula todo lo relativo a las consultas municipales, que aclara los requisitos que deben cumplir los ayuntamientos para convocarlas.
Así, De Andrés ha explicado que cuando un consistorio convoque una consulta de un asunto local y afecte a la totalidad del municipio ésta tendrá que regirse por la Ley estatal de Bases de Régimen Local, por lo que deberá contar con la autorización previa del Gobierno.
Pero si la consulta se dirige a una parte de los vecinos de un municipio y en la votación no están llamados a participar todos los habitantes de la localidad con derecho a ello la autorización del Gobierno no sería necesaria.
Un ejemplo de esta situación sería la organización de una consulta entre vecinos de varias calles para modificar el nombre de una plaza, ha expuesto el delegado del Gobierno.
Ha reconocido que la consulta organizada el pasado 22 en la localidad alavesa de Llodio (Álava) sobre las fechas de la fiestas de San Roque no cumplía la legalidad ya que no se pidió la autorización al Gobierno.
La Delegación del Gobierno recurrió esa consulta pero no exigió medidas cautelares para impedir su celebración porque se había convocado antes de que el Gobierno y el Ejecutivo vasco llegaran a un acuerdo sobre la interpretación de la Ley Municipal y el Ayuntamiento de Llodio entendió que cumplía con los requisitos legales, ha explicado De Andrés.
El delegado del Gobierno ha insistido en la importancia de que se conozca exactamente lo establecido en el acuerdo entre ambas administraciones para que todos los municipios cumplan con la normativa en el caso de las consultas.
Otro de los puntos de dicho acuerdo se refiere al uso de las dos lenguas oficiales en las relaciones entre los ayuntamientos con los ciudadanos y con otras administraciones.
En la Ley Municipal vasca, ha recordado De Andrés, se establecía que el ciudadano que por ejemplo recibía una comunicación de su ayuntamiento en euskera sin conocer esta lengua tenía que demostrar su desconocimiento del idioma para que el consistorio se dirigiera a él en castellano.
En el acuerdo entre las dos administraciones se establece que no será necesario demostrar ni justificar que no se conoce una de las dos lenguas y se deja claro que los ciudadanos podrán comunicarse con los ayuntamientos en el idioma que quieran.
Además, se deja claro que la relación entre las administraciones se puede ejercitar en cualquiera de las dos lenguas.
Precisamente este último asunto fue motivo de la presentación por parte de la Abogacía del Estado de varios recursos contra ayuntamientos vascos que se dirigían a la administración estatal únicamente en euskera.
Estos recursos, alrededor de una treintena, ha señalado De Andrés, ya fueron retirados una vez que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sentenciara que los ayuntamientos tenían el derecho a dirigirse a otras administraciones en una de las dos lenguas oficiales.